Quito, Ecuador, 20 abr.- El Poder Judicial de la República Dominicana y el de Costa Rica firmaron un acuerdo para establecer un marco regulatorio de las relaciones y actividades de colaboración a través del intercambio de información y experiencias en asuntos relacionados con modernización judicial y aplicación de nuevas tecnologías.


El objetivo es mejorar conjuntamente la transparencia, eficacia, eficiencia y accesibilidad del servicio de justicia, según un comunicado del Poder Judicial dominicano.

El convenio fue rubricado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ) de la República Dominicana, Mariano Germán Mejía; y por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica, Carlos Chinchilla Sandí.

La firma del acuerdo se produjo en el marco de la Asamblea Plenaria de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que se desarrolla en Ecuador del 18 al 20 de abril.

A través del acuerdo, ambos Poderes Judiciales acordaron compartir información técnica de interés, que permita la mejora de los procesos operativos y de gestión de los firmantes; así como compartir información y experiencias respecto del estado de la implantación de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

Asimismo, promover el intercambio de información relacionada a la medición del desempeño de jueces, estandarización de los procesos jurisdiccionales, implementación de políticas sobre el diseño de procesos jurisdiccionales y estadísticas judiciales; centro de documentación judicial y definición de estándares para lograr la compatibilidad e interoperabilidad interna y con sistemas informáticos externos.

Ambas partes también se comprometieron a efectuar pasantías y estancias de estudio para jueces y servidores judiciales y administrativos, destinadas a conocer la gestión judicial de ambos países, a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas para que puedan ser replicados en sus propias instituciones.

Además, promover la cooperación en actividades que impliquen la realización conjunta de investigaciones, estudios y publicaciones que puedan contribuir a la mejora de los conocimientos de los juzgadores y servidores públicos de ambos países.